10/06/2017

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DENUNCIAS EN LA JUSTICIA

Güido y Matías, los niños que perdieron la vida por presunta mala praxis en Tucumán

En ambos casos, ingresaron a un sanatorio por una simple operación de amígdalas, pero terminaron en la muerte. La polémica respecto al accionar de los médicos y profesionales de la salud. Qué hace la Justicia. La mayoría de las denuncias por mala praxis no llegan a juicio oral.
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 Güido Robles y Matías Juárez, niños de 10 y 8 años respectivamente, fueron víctimas de presunta mala praxis en sanatorios privados tucumanos, donde ingresaron por una simple operación de amígdalas y no volvieron nunca más a sus casas. 
Los casos de Güido, falleció en julio de 2003,  y Matías, en octubre de 2016, se instalaron en la opiniòn pùblica y generaron una fuerte polèmica respecto al accionar de los mèdicos y profesionales que intervienen en uno de los màs momentos más sensibles para la salud humana, como lo es someterse a una intervención quirúrgica. En los dos casos, los niños ingresaron para ser operados por amígdalas en un sanatorio privado pero su estado de salud se volvió crítico y murieron a los pocos días. ¿Negligencia? ¿Falta de ética, de humanidad? ¿Abandono de persona? Lo cierto es que los padres de los niños están convencidos de que la mala praxis médica fue lo que llevó a sus hijos a la muerte, un final que al parecer pudo haberse evitado 
 Los familiares de los niños y la sociedad esperan que la Justicia esclarezca qué fue lo que pasó con la salud de los niños.   En la causa de Guido Robles, un juez concedió la Probation a los tres profesionales involucrados, mientras que en la causa de Matías Juárez, ya se conformó una Junta Médica, pero su dictamen fue impugnado por la abogada querellante.
El caso de Güido 
Güido tenía 10 años el 14 de julio de 2003 cuando ingresó al sanatorio 9 de Julio, de la capital tucumana, para ser operado de amígdalas. Después de casi 14 años, su madre, María Elena Carrasco, recordó el hecho en una entrevista con Documento y volvió a cuestionar la actitud que tuvieron los profesionales de la salud luego de operar a su pequeño hijo, quien terminó con un paro cardiorrespiratorio tras la cirugía. En el expediente, la mujer dice que el niño murió por una sobremedicación anestésica y abandono de persona. "Estaban apurados cuando lo operaron, el anestesita se fue corriendo a otra cirugía y la médica se fue a arreglar su celular", relató la madre del niño.
El caso generó en julio de 2003 una gran conmoción en la sociedad y ocupó las tapas de diarios y portales de noticias desde que su madre hizo pública su denuncia en la Justicia por presunta mala praxis contra los médicos que intervinieron en la cirugía. En ese entonces también se realizaron marchas de vecinos y familiares en la ciudad de Monteros y en la capital pidiendo Justicia por Güido.  
Luego de la operación, Güido estuvo nueve días en estado crítico y falleció el 22 de julio de 2003. La familia Robles recurrió a la Justicia y la causa cayó en manos del entonces fiscal de la VII Nominación, Gustavo Estofán, quien seis meses después fue denunciado por la abogada querellante por no haber investigado las razones de la muerte del niño y por haber pedido el archivo de la causa. 
El pedido de juicio político de la familia Robles contra el fiscal Estofán se presentó en febrero de 2004 en la Legislatura, y generó una convulsión en el plano político y judicial de ese entonces. Cuando el fiscal parecía cerca de ser sometido a un juicio político, en abril de ese año, presentó la renuncia a su cargo. Luego, la causa pasó a manos de fiscal Adriana Gianonni, quien finalmente imputó por el delito de homicidio culposo por mala praxis a las tres personas: la médica cirujana Mónica Barán, el anestesista Enrique Gómez y la enfermera Patricia Soria. La fiscal también pidió que la causa sea elevada a juicio.
Cabe recordar que La mala praxis médica se encuadra en el delito de homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal) y prevé penas de 6 meses a 5 años de prisión e inhabilitación. 
Después de varios planteos de las partes, finalmente en julio de  2014, el juez Correccional Marcelo Mendilaharzu frenó el juicio y  dio lugar a una Probation para los tres profesionales de la salud, que consiste en la donación de insumos por el valor de $ 5.000 a la comisión de padres de personas con discapacidad de Tafí del Valle y la realización de un curso o congreso sobre ética y derechos humanos, entre otras exigencias.

 La medida fue dispuesta por tres años y se cumpliría el 25 de junio próximo. Luego, podrían quedar sobreseídos. "Hay muchisísmos casos de mala praxis pero lamentablemente las mamás se quedan en su casas con su dolor. Lamentablemente es muy difícil luchar contra los médicos quer son corporaciones, hay mucha gente implicada en esto", aseguró María Elena Carrasco, quien  todavía espera que los tres profesionales involucrados en la cirugía de su hijo sean sometidos a un juicio oral y público.

Güido Robles y Matías Juárez, niños de 10 y 8 años respectivamente, fueron víctimas de presunta mala praxis en sanatorios privados tucumanos, donde ingresaron por una simple operación de amígdalas y no volvieron nunca más a sus casas. 

Güido Robles y Matías Juárez, niños de 10 y 8 años respectivamente, fueron víctimas de presunta mala praxis en sanatorios privados tucumanos, donde ingresaron por una simple operación de amígdalas y no volvieron nunca más a sus casas. 

Los casos de Güido, falleció en julio de 2003, y Matías, en octubre de 2016, se instalaron en la opiniòn pùblica y generaron una fuerte polèmica respecto al accionar de los mèdicos y profesionales que intervienen en uno de los màs momentos más sensibles para la salud humana, como lo es someterse a una intervención quirúrgica. En los dos casos, los niños ingresaron para ser operados por amígdalas en un sanatorio privado pero su estado de salud se volvió crítico y murieron a los pocos días. ¿Negligencia? ¿Falta de ética, de humanidad? ¿Abandono de persona? Lo cierto es que los padres de los niños están convencidos de que la mala praxis médica fue lo que llevó a sus hijos a la muerte, un final que al parecer pudo haberse evitado  

En la causa de Guido Robles, un juez concedió la Probation a los tres profesionales involucrados, mientras que en la de Matías Juárez, ya se conformó una Junta Médica, pero su dictamen fue impugnado por la abogada querellante.

El caso de Güido 

Güido tenía 10 años el 14 de julio de 2003 cuando ingresó al sanatorio 9 de Julio, de la capital tucumana, para ser operado de amígdalas. Después de casi 14 años, su madre, María Elena Carrasco, recordó el hecho en una entrevista con Documento y volvió a cuestionar la actitud que tuvieron los profesionales de la salud luego de operar a su pequeño hijo, quien terminó con un paro cardiorrespiratorio tras la cirugía. En el expediente, la mujer dice que el niño murió por una sobremedicación anestésica y abandono de persona. "Estaban apurados cuando lo operaron, el anestesita se fue corriendo a otra cirugía y la médica se fue a arreglar su celular", relató la madre del niño.

El caso generó en julio de 2003 una gran conmoción en la sociedad y ocupó las tapas de diarios y portales de noticias desde que su madre hizo pública su denuncia en la Justicia por presunta mala praxis contra los médicos que intervinieron en la cirugía. En ese entonces también se realizaron marchas de vecinos y familiares en la ciudad de Monteros y en la capital pidiendo Justicia por Güido.  Luego de la operación, Güido estuvo nueve días en estado crítico y falleció el 22 de julio de 2003. La familia Robles recurrió a la Justicia y la causa cayó en manos del entonces fiscal de la VII Nominación, Gustavo Estofán, quien seis meses después fue denunciado por la abogada querellante por no haber investigado las razones de la muerte del niño y por haber pedido el archivo de la causa. 

El pedido de juicio político de la familia Robles contra el fiscal Estofán se presentó en febrero de 2004 en la Legislatura, y generó una convulsión en el plano político y judicial de ese entonces. Cuando el fiscal parecía cerca de ser sometido a un juicio político, en abril de ese año, presentó la renuncia a su cargo. Luego, la causa pasó a manos de fiscal Adriana Gianonni, quien finalmente imputó por el delito de homicidio culposo por mala praxis a las tres personas: la médica cirujana Mónica Barán, el anestesista Enrique Gómez y la enfermera Patricia Soria. La fiscal también pidió que la causa sea elevada a juicio.

Cabe recordar que La mala praxis médica se encuadra en el delito de homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal) y prevé penas de 6 meses a 5 años de prisión e inhabilitación.

 Después de varios planteos de las partes, finalmente en julio de  2014, el juez Correccional Marcelo Mendilaharzu frenó el juicio y dio lugar a una Probation para los tres profesionales de la salud, que consiste en la donación de insumos por el valor de $ 5.000 a la comisión de padres de personas con discapacidad de Tafí del Valle y la realización de un curso o congreso sobre ética y derechos humanos, entre otras exigencias. La medida fue dispuesta por tres años y se cumpliría el 25 de junio próximo. Luego, podrían quedar sobreseídos. "Hay muchisísmos casos de mala praxis pero lamentablemente las mamás se quedan en su casas con su dolor. Lamentablemente es muy difícil luchar contra los médicos quer son corporaciones, hay mucha gente implicada en esto", aseguró María Elena Carrasco, quien todavía espera que los tres profesionales involucrados en la cirugía de su hijo sean sometidos a un juicio oral y público. 

El caso de Matías 

Después de 13 años del resonante caso de Güido Robles, otra familia se animó a denunciar a médicos por presunta mala praxis en un sanatorio privado. Matías Nahuel Juárez tenía 8 años cuando ingresó al sanatorio San Lucas para una simple operación de amígdalas pero en la cirugía aparentemente su estado de salud se complicó y después de cinco días falleció. Su madre, María Luna, contó a Documento que su hijo era un niño sano y acusó a los médicos de no haber actuado a tiempo ni haber dado el tratamiento adecuado que su hijo necesitaba tras la cirugía.

A partir de la muerte de Matías, que ocurrió el 25 de octubre de 2016, los familiares y compañeros de colegio del niño se concentran todos los meses en las puertas del sanatorio privado para exigir explicaciones a los médicos acusados por mala praxis. 

La familia de Matías recurrió a la Justicia y la causa está en manos de la fiscal María del Carmen Reuter. En los primeros siete meses de investigación, se conformó una junta médica que en su dictamen concluyó que “el tratamiento médico y la indicación quirúrgica fue la correcta como así también el proceder de los profesionales intervinientes”. Esta pericia fue impugnada por la abogada querellante Silvia Furque de Morfil por considerarla incompleta y parcial. Concretamente, solicitó a la fiscal la nulidad de la pericia o su ampliación. "Nada dice de por qué un niño sano, con pre quirúrgicos perfectos, con un informe de la anestesista que el riesgo era 1 (en una escala de 1 a 5), lo que traducido es el riesgo habitual mínimo para una cirugía programada de corta duración, haya terminado con su muerte", planteó la abogada, según el escrito presentado en mayo pasado. 

En la entrevista con Documento, la abogada de la familia de Matías alertó que es necesario que la causa llegue a la instancia de un debate oral y público para que los médicos acusados por mala praxis expliquen lo que sucediò y sean condenados. 

Hay escasos antecedentes de condenas por mala praxis en la Justicia de Tucumán, sin embargo este año se realizó un juicio contra cuatro médicos en el caso de María Rosa VIlla, una joven de 29 años que en noviembre de 2001 ingresó a una clínica privada por una operación de vesícula y después de dos semanas falleció. En la sentencia, la Justicia absolvió al cirujano y a sus ayudantes y condenó sólo al anestesista a 3 años de prisión en suspenso.


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